La tragedia de la Cuesta del Totoral

El 15 de septiembre de 2002, un colectivo sobrecargado con 73 pasajeros emprendió un viaje de fe desde Concepción, Tucumán, hasta la capital catamarqueña. Lo que comenzó como una peregrinación terminó en tragedia cuando, en plena Cuesta de Totoral, el conductor perdió el control tras quedarse sin frenos. El ómnibus, sin habilitación ni medidas de seguridad, se precipitó por un barranco de más de 80 metros, dejando un saldo devastador: 48 muertos y 25 heridos. La tragedia, marcada por negligencias y corrupción, desnudó fallas en el sistema de control del transporte, dejando a las víctimas y sus familias en una lucha interminable por justicia y reparación.

Los jubilados del barrio Alvear, en la localidad de Concepción, Tucumán, habían organizado una peregrinación a la Virgen del Valle, en San Fernando del Valle de Catamarca. Para ello, contrataron un colectivo de la empresa Loyola Hermanos, oriunda de Alberdi, Tucumán. La salida se realizó el domingo 15 de septiembre de 2002 a las 10 de la mañana, con la expectativa de un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Sin embargo, desde el inicio hubo una irregularidad que más tarde resultaría fatal: el vehículo, habilitado para transportar 48 pasajeros, salió con 73 a bordo. Algunos de ellos viajaban en bancos de madera improvisados en el pasillo.

La jornada transcurrió sin inconvenientes hasta el regreso. A las 22 horas, cuando el contingente volvía hacia Concepción, el colectivo avanzaba por el tramo más sinuoso de la Ruta Nacional 38, en plena "Cuesta de Totoral", dentro del departamento Paclín, Catamarca. Estaban a 70 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, a solo cinco kilómetros del límite con Tucumán y a unos 80 kilómetros de su destino. En ese momento, Juan José Soberón, el conductor, lanzó un grito que heló a todos: "¡Agárrense, que me quedé sin frenos!".

El vehículo, que ya descendía por una pendiente pronunciada, comenzó a tomar cada vez más velocidad. La desesperación creció entre los pasajeros mientras el chofer intentaba mantener el control. Al llegar a una curva cerrada, encajonada entre la montaña y el barranco, tomó la decisión de invadir el carril contrario con la esperanza de poder sortear la maniobra. Pero justo en ese instante, de frente, apareció un camión. El camionero logró frenar, pero el colectivo no. En un intento por esquivarlo, Soberón giró bruscamente el volante y el ómnibus se precipitó hacia un barranco de más de 80 metros de profundidad.

La caída fue brutal. Primero, el colectivo giró en vuelta campana: la parte trasera se elevó por encima de la delantera, quedando con las ruedas hacia arriba. Luego, comenzó a rodar de costado en vuelta tonel, golpeando contra la ladera a medida que descendía. Finalmente, la vegetación del lugar logró detener su recorrido, pero el daño ya estaba hecho.

Los socorristas llegaron en cuestión de minutos, pero las tareas de rescate se vieron severamente dificultadas por la geografía del terreno, la magnitud del hecho y la oscuridad de la noche. El colectivo había caído en una zona escarpada, de difícil acceso, lo que ralentizó la evacuación de los heridos y la recuperación de los cuerpos de quienes perdieron la vida en el acto.

El chofer, Juan José Soberón, quedó en estado de coma y falleció a los pocos días. En total, 48 personas perdieron la vida, muchas de ellas de forma instantánea. Entre las víctimas se contaron 34 mujeres y 14 varones, de los cuales cuatro eran menores de edad. Otras 25 personas sufrieron heridas de diversa gravedad, y muchas de ellas quedaron con secuelas físicas y psicológicas de por vida. La tragedia no terminó en aquella madrugada: tiempo después, al menos tres sobrevivientes se quitaron la vida, incapaces de sobrellevar las consecuencias del hecho.

La nómina de fallecidos es extensa y evidencia la magnitud del desastre: Salomé del Valle Morienega Vda. de González; Mario Rubén Herrera; Luis Lescano; Aurora Carmen Isa; Valentino del Águila García; Francisco Antonio Alderete; José Marcelo Carrizo; Estela del Carmen Rodríguez de Palacios; Agustín Facundo Reinoso Villafáñez; Valeria Jaquelín Reinoso; Toribia Antonia Olima; Antonia del Carmen Brizuela; Lucía Lastrina de Radino; Ana María Andrada; María Hortensia Garzón; Sofía del Carmen Leguizamón; Manuel de Reyes Zurita; Delfina del Valle Ayosa; Elida Beatriz Fernández; Blas Nazareno Romero; José Daniel Axel; Rosa Andrea de Chaile; Lilia Antonia del Valle Casares; César Ezequiel Guanco; Viviana del Valle Sánchez; Ivana González; Angélica Quinteros de Agüero; Ramona Crecencia Moreno de Juárez; María Delfina Moreno; Juliana Vázquez de Villafáñez; José María Carrizo; Rosa Radino; María del Carmen Fernández; Josefa Jesús Nieva de Villafáñez; Cristian Villafáñez; Hortensia del Valle Medina de González; Guillermina San Juan de Fernández; Omar Doménech; María Amelia Maza; Lidia del Valle Fernández; Irma Yolanda Peralta; Héctor Calvent; Elsa del Carmen Toleso; Mari Toledo de Calvent; Ruth Zurita y dos personas no identificadas, entre ellas, un menor de 12 años.

A nivel estatal, la asistencia a los familiares y sobrevivientes fue limitada e irregular. Algunos parientes de las víctimas recibieron subsidios para el sepelio, pero no todos. En cuanto a la atención médica posterior, la provincia de Catamarca había garantizado tratamientos a los afectados, pero según relató Ramón Chaile, "por decisión del gobernador tucumano de aquel entonces, Julio Miranda, quien asumió el compromiso de darles la contención necesaria, se cortaron los tratamientos. Fue un gran error, ya que nunca más tuvieron los controles médicos que Catamarca les daba ni tampoco se realizó nada en Tucumán".

Máximo Carrizo, quien perdió a su hija María José, de 11 años, en la tragedia, recordó el calvario que vivieron los sobrevivientes: "Pese a todo, yo mismo tuve que salir a gestionar distintas ayudas para los que quedaron con heridas y sin trabajo. Fue importante la colaboración que en ese entonces nos brindó el entonces director del hospital de Concepción, Julio Isa, quien también perdió un pariente en la tragedia. La solidaridad de la gente fue muy importante en ese momento". Sin embargo, en lo judicial, el caso no avanzó como esperaban: "Todo se fue desvaneciendo con el tiempo. Hubo un fallo de la Cámara Contencioso que ordenaba al Estado pagar una indemnización, pero era de un monto mínimo, casi irrisorio. Por eso hubo distintos planteos que no se definieron", lamentó Carrizo.

Según los registros de la crónica policial disponible, este hecho vial sigue siendo el peor ocurrido en la historia del país con un solo ómnibus involucrado. Más allá del número de víctimas fatales, el impacto de la tragedia dejó secuelas irreparables en los sobrevivientes y en sus familias, muchas de las cuales aún buscan justicia.

Cuando comenzó la investigación, las irresponsabilidades explicaban, en gran medida, cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud. La primera recayó sobre el dueño del colectivo siniestrado, Raúl Oyola, quien fue acusado de homicidio culposo y cohecho. La unidad no cumplía con ninguna norma de seguridad vigente y, además, no estaba habilitada para circular. "Cuando comenzó la investigación los peritos se dieron con un rosario de irresponsabilidades. La primera recayó sobre el dueño del ómnibus, Oyola, acusado por 'homicidio culposo' y 'cohecho'. Se reveló que el colectivo no tenía seguro, inspección técnica y no estaba habilitado para circular. Además, en el momento del accidente llevaba 73 personas, cuando su capacidad era para 48", recordó Walter González. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las faltas, Oyola solo recibió una condena de cumplimiento condicional por el delito de cohecho.

La segunda gran responsabilidad recaía en los controles policiales que debían impedir que un ómnibus en esas condiciones llegara a las rutas. Dos policías que cumplían funciones en el control fronterizo de Huacra, los suboficiales Manuel Garzón y Héctor Luján, fueron acusados de cohecho. Testimonios aseguraron que Oyola los sobornó para que permitieran el paso del ómnibus. "Se habría visto obligado a utilizar ese recurso porque la unidad carecía de los permisos reglamentarios y de seguro, y no había sido sometida a control técnico. Además, llevaba una sobrecarga de pasajeros y habría declarado que transportaba solo la cantidad permitida", detalló un informe judicial. A pesar de esto, ambos efectivos sólo recibieron condenas de cumplimiento condicional por "falta a los deberes de funcionario público" y fueron separados de la Policía.

El chofer, Juan José Soberón, también fue imputado por homicidio culposo agravado por el resultado múltiple, pero nunca pudo enfrentar la justicia: quedó en estado de coma tras el vuelco y falleció pocos días después, lo que llevó a que el caso en su contra se archivara.

El acceso a la justicia fue otra de las tantas dificultades que enfrentaron las víctimas y sus familias. Durante meses no tuvieron información precisa sobre el avance de la causa. Recién el 23 de abril, siete meses después de la tragedia, lograron conocer en qué instancia se encontraba el proceso. "Las causas están en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, divididas equitativamente en sus tres salas. Y en Catamarca en los juzgados Civil y Comercial Común", explicó un funcionario tras la marcha realizada ese día.

El juicio civil quedó a cargo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Centro Judicial Capital de Tucumán. "La lucha de los afectados está centrada en el juicio civil", comentó Ramón Chaile, quien perdió a su madre en el hecho.

Con el paso del tiempo, la indignación creció. Casi diez años después, el proceso judicial no ofrecía respuestas satisfactorias, ni en términos de justicia ni de resarcimiento. El 18 de abril de 2012, familiares y sobrevivientes organizaron una marcha bajo el lema "Por la Justicia", exigiendo avances en la causa. "Nos resulta intolerable pensar que ya pasaron casi 10 años y que todavía no se obtiene una respuesta", manifestaron los organizadores.

Sin embargo, la causa penal no derivó en condenas ejemplares. "La verdad es que la mayoría estamos cansados de una lucha por derechos que son desoídos por quienes son responsables de impartir justicia. Nadie fue preso por lo ocurrido y a nadie se lo resarció por las pérdidas y daños sufridos", se lamentó Armando Villafañe, hijo de una de las pasajeras fallecidas. "Y lo grave de todo esto es que los transportes públicos arrastran las mismas falencias que desencadenaron la tragedia", advirtió.

Las familias de las víctimas y los sobrevivientes no solo lucharon por la justicia, sino también por la seguridad vial en el país. No obstante, con el paso del tiempo, la sensación de impunidad se instaló entre ellos, mientras las condiciones del transporte público seguían sin mostrar mejoras significativas.

Jueves 15 de septiembre de 2022, a las 19:00 hs, familiares, amigos y vecinos de las víctimas descubrieron una placa recordatoria por los 20 años del accidente en la Plazoleta "15 de Septiembre" en Nasif Estéfano e Yrigoyen en el barrio Alvear de la «Perla del sur». A pesar de que pasaron los años, el dolor permanece intacto en la memoria de los sobrevivientes.

Una de las primeras conclusiones es la falta de percepción del riesgo por parte del conductor. Sabía que estaba superando la capacidad habilitada y que eso implicaba un peligro, incluso para su propia vida, como finalmente ocurrió. Un conductor profesional debería haber impedido que subieran más pasajeros de los permitidos o, directamente, no haber iniciado el viaje. Una mayor cantidad de pasajeros significa un peso extra considerable, lo que incrementa la exigencia sobre los frenos. No es casualidad que estos fallaran en un tramo donde su uso era más exigente.

También hubo una clara falta de percepción del riesgo por parte del dueño del micro, Raúl Oyola. Como profesional del sector, debería haber tenido la experiencia suficiente para comprender los riesgos del camino, habitual en la región, y de sus propios vehículos. Sin embargo, ignoró esa responsabilidad. Se presume que viajaba en la unidad para intervenir en los controles y sobornar si era necesario.

Los dos policías del puesto fronterizo entre ambas provincias, acusados de cohecho, tampoco comprendieron la trascendencia de su labor ni la importancia de las normas que debían hacer cumplir. Esto es un problema recurrente en muchas autoridades, que deberían ser las primeras en recibir capacitación en seguridad vial.

Desde el punto de vista técnico, en Argentina está naturalizado que las barreras laterales están diseñadas para detener un auto mediano a velocidades reglamentarias, pero no para contener vehículos de gran porte o que circulen a mayor velocidad. Este hecho pudo haber tenido un desenlace distinto si la ruta hubiera contado con una barrera capaz de soportar el impacto y evitar el desbarrancamiento del micro. Si una vía está habilitada para ciertos tipos de vehículos, también debería garantizar su seguridad.

El mantenimiento del vehículo y el cumplimiento de las normas de seguridad son aspectos fundamentales que no deben subestimarse. Es probable que esta unidad ya hubiera circulado en condiciones deficientes en otras ocasiones sin que ocurrieran incidentes, generando una falsa sensación de seguridad. Pero cuando el problema finalmente se manifestó, el resultado fue una tragedia.

Algunas muertes podrían haberse evitado con una asistencia psicológica adecuada para las víctimas. Es una falencia grave que debería ser cubierta por las obras sociales o el sistema de salud público, dado que la salud psicológica es tan importante como la física.

En cuanto al poder judicial, hay varios puntos a considerar. En primer lugar, el trato a las víctimas, que se perciben maltratadas, ignoradas o incomprendidas. En segundo lugar, la falta de transparencia del proceso. Los hechos viales de esta magnitud son de interés público, y cualquier ciudadano debería poder acceder a información clara sobre el estado de la causa. En tercer lugar, la demora en la resolución del caso. Diez años después de la tragedia, las víctimas tuvieron que marchar para exigir acción judicial, una situación vergonzosa que recuerda a la tragedia de Santa Fe.

Finalmente, teniendo en cuenta que este es el hecho vial con mayor cantidad de víctimas fatales en la historia de las rutas argentinas, que se comprobaron sobornos y negligencias graves, y que, a pesar de las condenas, nadie quedó preso, cabe preguntarse: ¿qué se puede esperar de la justicia en los demás casos de hechos viales? La respuesta queda a criterio de cada uno.